BROSETA ha celebrado dos jornadas en las que ha analizado la nueva Ley de Contratos del Sector Público, y las novedades derivadas de la transposición de las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y de la voluntad del legislador de dotar al sistema de contratación de una mayor seguridad jurídica.

La nueva Ley de Contratación Pública busca conseguir una utilización más eficaz de los recursos públicos y el mejor funcionamiento de la Administración, desde los principios de eficiencia, transparencia y buena administración. El Proyecto de Ley acomete objetivos y tareas como la agilización de los procedimientos de contratación, el incremento de la competencia, la mejora de la transparencia, o la lucha contra la corrupción, entre otros.

El primero de estos encuentros, celebrado en Madrid con la colaboración la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid y el Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE), profundizó, a través de un acercamiento técnico a las particularidades de la norma, sobre los grandes propósitos de la norma, y sobre la relevancia de la misma en la dinamización de la economía española y su tejido productivo, al dotar el nuevo texto de mayor flexibilidad a la ejecución de los proyectos, impulsar el acceso de las empresas al mercado público, promover la internacionalización de las empresas y fomentar la I+D+i en la esfera pública.

Rosa Vidal, socia directora de BROSETA, profundizó durante su intervención en el objeto y ámbito de aplicación de la Ley, mientras que Rosa Sanz, socia de Derecho Público, centró su exposición en los medios propios y servicios técnicos (contratos in house).

También participaron en el análisis Alberto Palomar, Magistrado de lo Contencioso-Administrativo; Rafael Domínguez, Abogado del Estado-Jefe del Ministerio de Fomento; y el Catedrático acreditado de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia, Vicente Garrido.

Los ponentes incidieron en la Ley como uno de los texto legales de mayor relevancia en los últimos tiempos, dado el peso de la contratación pública en el Producto Interior Bruto del país así como la fuerza laboral que representa, y en la trascendencia de la tramitación de la norma, tanto para la Administración como para el resto de operadores económicos, para la dinamización de la actividad y la generación de interés inversor.

En la segunda de las jornadas sobre la Ley de Contratos del Sector Público, celebrada en Valencia y enmarcada en una sesión del Foro Técnico-Jurídico de la Cooperación Público Privada puesto en marcha de forma conjunta entre BROSETA y la Confederación Empresarial Valenciana, contó con la intervención de José María Gimeno Feliu, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, Co-director del Observatorio de la Contratación Pública y Presidente del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón.

En su intervención, Gimeno contextualizó el actual escenario de tramitación del proyecto de ley, en pleno debate de las enmiendas, así como el porqué de la reforma dentro de la estrategia y políticas públicas. Asimismo ha destacado la oportunidad de la nueva Ley para limitar las prácticas irregulares, fijar las bases del derecho a la transparencia, o generar una mayor eficiencia del gasto público en la contratación, entre otros aspectos.

Además ha destacado la filosofía de las directivas europeas y la relevancia de mantener la coherencia con las mismas en la nueva Ley. Estas directivas forman parte de la “Estrategia Europa 2020”, dentro de la cual la contratación pública desempeña un papel clave para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso racional de los fondos públicos.

La apertura de la jornada corrió a cargo de Fernando Cacho, socio del área de Derecho Público de BROSETA, e Inmaculada García, Directora-Gerente de la Confederación Empresarial  Valenciana.