Las personas que no pueden afrontar el pago de sus hipotecas y están afectadas por procesos de desahucio pueden recibir asesoramiento jurídico y optar, en el caso de familias con menores, a viviendas de acogida a través del programa de atención que ofrecen Cáritas y BROSETA Abogados.

El servicio se inició hace dos años, cuando Cáritas detectó entre las personas que acudían a solicitar ayudas un aumento importante de los casos de familias que estaban perdiendo sus viviendas por impago, y que no sabían como resolver su situación, explica a EFE Belén Lado, responsable del servicio de acogida de esta institución.

Los casos eran de todo tipo, «desde padres que temían perder su casa porque avalaron a sus hijos la compra de una vivienda, o gente que había agotado el paro y el subsidio y no podía hacer frente al pago de las hipotecas», señala.

Cáritas no disponía entonces de un servicio específico de asesoramiento legal, e inició contactos con el despacho de abogados Broseta para dar respuesta a esta demanda que iba en aumento.

Sólo en 2010, 83 personas solicitaron el servicio, 57 de ellas extranjeras. En 2011 se atendieron a 126 personas, 75 de ellas (la mayoría) españoles, y desde enero hasta mayo de este año han pasado por el servicio un total de 107 personas.

Cada jueves dos abogados del despacho Broseta, y de su filial Lexer (especializada en recobro de grandes carteras, procedimientos de ejecución hipotecaria y pólizas bancarias) acuden a la sede de Cáritas en Valencia para atender el servicio, con una media de diez visitas.

«Fundamentalmente son parados, trabajadores de la construcción, con situaciones familiares difíciles», explica Alejandro Ríos, socio del gabinete de abogados que colabora desinteresadamente con Cáritas en el asesoramiento jurídico.

Los inmigrantes son el colectivo en una situación «más complicada», ya que el español tiene arraigo y recibe muchas veces ayuda de la familia, señala. Un matrimonio de origen uruguayo y padres de una niña de cinco años, que prefieren guardar el anonimato, preparan su regreso a su país de origen y visitan a Ríos para que les asesore sobre el proceso de la dación en pago de su vivienda. Adquirieron un piso a 40 años, con una hipoteca de 120.000 euros, y una cuota mensual de 450 euros, que podían asumir sin problema con el trabajo de fontanería del padre de la familia, en pleno rendimiento en la época boyante de la construcción. «Hace un año me quedé sin trabajo y estamos en números rojos», explica el padre, quien asegura que su situación es insostenible, y que han decidido volver a su país por consejo de la familia y ante las mejores perspectivas laborales que las que se vislumbran en España.

El asesoramiento jurídico versa sobre trámites, condiciones de los contratos, refinanciación de deuda o solicitud de dación en pago, y sobre los procedimientos en ejecución. Además de este servicio jurídico, Cáritas ofrece viviendas en acogida y acompañamiento a familias con menores en edad escolar a su cargo, que se hayan visto afectadas por desahucios, con el objetivo de evitar que se vean abocados a una situación de «marginalidad», explica Concha Silvestre, responsable del programa Vivienda de esta institución. «La pérdida de una vivienda puede suponer la pérdida de una plaza en la escuela, el cambio del médico, desvincularse del barrio, una desestructuración rápida, ya que todos los recursos sociales están en función de dinde vives», y afecta sobre todo a los menores, señala.

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