Mercantil

BROSETA cuenta con un equipo de abogados especializados en Derecho Mercantil y societario que presta asesoramiento a compañías cotizadas y no cotizadas en todos los aspectos jurídicos de su negocio.

El Derecho Mercantil ha sido el área tradicional de BROSETA desde su fundación en 1975. Fruto de esa larga experiencia, los profesionales de esta área gozan de gran reputación profesional y participan en los Consejos de Administración y Juntas Generales de numerosas compañías públicas y privadas, así como agrupaciones empresariales nacionales e internacionales, asesorando en el diseño y ejecución de complejas operaciones societarias, así como la gestión de las sociedades.

La Firma presta en este sentido un asesoramiento integral y a medida a las empresas, que comprende cuestiones como la constitución de sociedades, modificación de estatutos sociales, pactos parasociales, ampliaciones y reducciones de capital, llevanza de la secretaría de los órganos de administración, transmisión de acciones o participaciones sociales y, en general, todo tipo de cuestión societaria. Asimismo, BROSETA cuenta con un equipo especializado en asesoramiento a fundaciones y asociaciones.

El asesoramiento legal abarca también la redacción y negociación de los contratos mercantiles que la actividad de la compañía exige, especialmente, contratos de distribución comercial (agencia, franquicia, distribución, etc.) y contratos de compraventa y suministro mercantil.

BROSETA ofrece soluciones específicas para la problemática jurídica y fiscal que plantean las empresas familiares, teniendo en cuenta además los diferentes intereses personales, familiares y profesionales que se cruzan en este ámbito.

Asimismo, la Firma cuenta con una amplia experiencia en operaciones de fusiones y adquisiciones, asesorando a clientes en todo el mundo en todo tipo de operaciones de reestructuración empresarial.

Igualmente, BROSETA asesora en materia de propiedad industrial, principalmente en relación con marcas y diseño industrial. Los servicios abarcan el diseño de la política de protección de marcas y diseños, la valoración jurídica de posibles violaciones de los mismos, y la implementación de las medidas legales oportunas.